La sociedad vasca necesita que la Administración de Justicia funcione mejor, que sea más ágil, más próxima y más accesible para el ciudadano. Queremos que los profesionales del derecho y los trabajadores relacionados con la Justicia realicen su tarea con más medios técnicos, en mejores condiciones, a fin de garantizar un servicio público de calidad.

Las decisiones sobre la gestión de este servicio tienen que ser tomadas desde Euskadi, para una mejor adecuación de su funcionamiento a las necesidades económicas, sociales y culturales del país. El Parlamento y el Gobierno Vasco deben de intervenir en la dotación y supervisión de la administración de justicia en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, que ha de adaptarse al Estado descentralizado que define la Constitución y reclaman las sociedades complejas del siglo XXI.

Objetivos:

• Una Administración de Justicia más próxima a la ciudadanía y más efectiva.
• Impulsar una Justicia adaptada al Estado de las Autonomías.
• Responder a las peculiares necesidades de la función jurisdiccional en los grandes núcleos urbanos.
• Reforzar el papel del Parlamento en el  seguimiento y evaluación del funcionamiento del servicio público de la administración de justicia.
• Concentrar la acción de Gobierno en la dotación y la gestión adecuadas de los recursos personales. Las oficinas judiciales deberán funcionar con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia y racionalización del trabajo, para lo que es preciso modernizarlas involucrando a jueces, secretarios y representantes sindicales de los trabajadores.
• Poner a disposición de los jueces todas las medidas previstas en la legislación, priorizando las medidas alternativas y de medio abierto, y adecuando los centros al número y características de los internos.

Medidas:

• Implantaremos el nuevo modelo de oficina judicial que instaura la reforma de la ley orgánica del poder judicial, conforme se vayan produciendo las reformas procesales necesarias.
• Se ampliará el horario de las Oficinas de Atención al Ciudadano y Registros Civiles.
• Se mejorarán las herramientas informáticas. Las nuevas tecnologías serán el canal preferente de comunicación entre todos los operadores jurídicos y los ciudadanos, para instaurar una justicia sin papel. Se potenciarán las conexiones informáticas entre órganos de la administración de justicia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  necesarias para mejorar el control sobre los procedimientos, y se establecerá un sistema estadístico para obtener datos que faciliten la toma efectiva de decisiones.
• Se corregirán las disfunciones que se producen en algunos partidos judiciales, debidas a los movimientos de población, por no haberse adaptado convenientemente el número de juzgados y sus plantillas.
• Se promoverá la creación de nuevos Juzgados especializados en Familia
• Se impulsará la creación de nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y se estudiará la posibilidad de que algunos de ellos extienda su competencia a más de un partido judicial.
• Impulsaremos las políticas preventivas y de tratamiento de la delincuencia juvenil, desarrollando programas y campañas informativas dirigidas a los jóvenes entre 14 y 17 años, siguiendo, entre otras,  directrices  del Comité Económico y Social Europeo (CESE).
• Pondremos a disposición de los Jueces todo el abanico de medidas previstas en la legislación penal de menores, asumiéndose éstas, algunas de ellas hoy subcontratadas y ejecutadas por entidades privadas, directamente por la administración pública como mayor garantía de salvaguardia del interés público y de los derechos de los afectados. Igualmente reforzaremos los medios puestos a disposición de los Fiscales especializados en los delitos contra los derechos de los trabajadores
• Crearemos una figura, el Coordinador de Emergencias Sociales, a disposición de Juzgados y Tribunales, que relacione los servicios sociales de los diferentes organismos públicos para ofrecer una respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social que producen  las actuaciones  de los juzgados, especialmente de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, descargando cuanto antes a Jueces, Magistrados y personal de los Juzgados de estas responsabilidades que no les son propias.
• Prestaremos particular atención  a las víctimas más vulnerables, como  menores, tercera edad e inmigrantes, ofreciendo a los Jueces y Fiscales personal especializado.
• Impulsaremos la mediación penal de adultos, como modelo de justicia restaurativa. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de gestionar sus propios conflictos para solucionarlos de una forma constructiva con la participación de un tercero, el mediador. La mediación es una herramienta para la comunicación, la tolerancia y la práctica democrática.
• Incidiremos en la necesidad de diseñar un modelo penitenciario coherente con  la estrategia de personalización de los itinerarios de reinserción para que pueda adaptarse a la diversidad de programas.
• Se necesitan nuevos centros pero también deben adoptarse otras medidas que permitan el cumplimiento extrapenitenciario de las penas, medio generalmente más eficaz para la reinserción social de las personas penadas. Además, hay que dar respuestas a quienes
  padecen diferentes patologías mentales, posibilitar el tratamiento en centros terapéuticos  a reclusos con problemas de drogadicción, o favorecer la reinserción social de colectivos especialmente vulnerables.
• Se dará protagonismo al Parlamento Vasco en materia de seguimiento y evaluación del funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia, participando en su día en la elección del Consejo de Justicia o del órgano que asuma funciones de gobierno del Poder Judicial en el ámbito autonómico.
• Propondremos las reformas legales necesarias para que el Parlamento Vasco sea informado de forma preceptiva y periódica del estado de la Administración de Justicia en el País Vasco por parte del Presidente del TSJPV, de los vocales competentes del CGPJ o del Consejo de Justicia y del Consejo Vasco de la Abogacía, con  comparecencia anual del Fiscal Jefe para dar cuenta de la política criminal y de los índices de riminalidad en el País Vasco.
• Impulsaremos las iniciativas legislativas necesarias para atribuir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las competencias como tribunal de casación para resolver en última instancia en Euskadi los recursos judiciales en procesos iniciados en este territorio, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo en materia de los recursos por unificación de doctrina y conflictos de competencia.
• Impulsaremos  el papel de la Escuela Judicial, el Centro de Estudios Jurídicos y Centros Formación Especializada, que refuercen la calidad de la preparación de los Jueces y otros funcionarios vinculados a la Administración de Justicia del País Vasco.
• El Gobierno Vasco concluirá el proceso de homologación y equiparación de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, iniciado en 1997 con un consejero socialista, con los de la comunidad autónoma vasca, con los que no deberá haber otras diferencias que las imprescindibles derivadas de su peculiar estatuto jurídico.
• Introduciremos medidas que nos permitan tener una plantilla, en todos los Cuerpos y todos los niveles, con mayor estabilidad, evitando los problemas que la excesiva movilidad introducen en el normal funcionamiento de la Justicia. Mejoraremos las medidas de salud laboral y preventivas de riesgos laborales entre los trabajadores de la Administración de Justicia, con especial atención a los riesgos psicosociales.
• Implantaremos programas e incentivos para promover y garantizar el uso del euskera en la administración de justicia como expresión del principio de proximidad de servicio. Las comunicaciones han de ser bilingües. El ciudadano podrá elegir de forma indistinta que los escritos estén redactados en el idioma oficial de la CAPV que él decida.
• Adoptaremos las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para mejorar la calidad del servicio público de la justicia gratuita con la intervención del Gobierno Vasco y de los Colegios Profesionales competentes promocionando la libre designación de Abogado y Procurador entre los adscritos al turno de oficio.
• Se revisarán los honorarios que perciben los letrados del turno de oficio, alcanzándose unas retribuciones dignas, tomando como referencia el mínimo establecido por los colegios.