La Educación de un país define a su sociedad. Es su mejor acreditación. Es el instrumento para lograr el desarrollo personal y social, la compensación de las desigualdades y el afianzamiento de un comportamiento cívico y democrático, basado en el respeto a los Derechos Humanos.

Desde 1968 el desarrollo y la convivencia de la sociedad vasca y, en especial, su sistema educativo se han visto lastrados y sometidos a un proyecto político excluyente y a una estrategia de acumulación de fuerzas nacionalistas que han tenido un efecto letal en la convivencia de los centros y de la sociedad. El Gobierno Vasco ha puesto el sistema educativo al servicio de un proyecto y de una estrategia de exclusión dejando la Consejería de Educación en manos de un partido político que ha tratado de forzar el marco jurídico y muchos de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Político Escolar del año 1992.

La Educación es un derecho y un instrumento de equidad e igualdad de oportunidades que ha de abrirse a las necesidades surgidas de las nuevas formas de vida y de trabajo. Es también el espacio en el que los jóvenes, en Euskadi especialmente, han de ejercitarse en una convivencia tolerante y democrática. La aplicación efectiva de estos derechos precisa políticas públicas vigorosas que garanticen la oferta de un servicio educativo público de calidad, que promueva la excelencia; la mejor formación para la inserción laboral; la integración social de los nuevos ciudadanos nacidos en otros países, así como los servicios que las familias y la incorporación de la mujer al mundo laboral necesitan.

Esas prioridades se completan con la necesidad de proveer los medios para disponer de una universidad pública de excelencia reconocida, que sea vivero de investigadores y actúe decididamente en I+D+i, también en colaboración con las empresas públicas y privadas, para que el desarrollo de Euskadi se acompase, al menos, con el promedio europeo.