Fernando Fantova

Creo que a veces conviene pararse un poco a pensar en palabras que usamos todo el rato. En este breve artículo quisiera hacer eso con estas dos: política social. Se trata, únicamente, de pensar en voz alta, para animar el debate.

Entiendo que podemos hablar de la política social como una parte o una dimensión de las políticas públicas. Ahora bien, a mi juicio, no debemos comprender las políticas públicas como una cuestión que sólo interesa, afecta o involucra a las instituciones públicas, porque cada vez somos más conscientes de que el bien común, las decisiones políticas, los asuntos colectivos están en manos de conjuntos diversos, complejos e interactivos de agentes, desde luego de los considerados clásicamente como públicos, pero también de aquellos que hemos acostumbrado a ubicar en el ámbito de la denominada sociedad civil.

Sea como fuere, cuando hablamos de política social, parece que nos referimos a decisiones, a ámbitos, a cuestiones, a derechos, a necesidades que nos importan e implican colectivamente de forma especial y que queremos proteger, salvaguardar, potenciar, asumir, garantizar a todas las personas con independencia de los recursos y capacidades que tengan y puedan hacer valer en sus relaciones informales o en las dinámicas de mercado. Normalmente dentro de la política social se identifican una serie de ámbitos sectoriales (los llamados pilares del sistema de bienestar) que se corresponden con necesidades universales, con bienes básicos: salud, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, garantía de ingresos para la subsistencia…

En buena medida se ha entendido la política social en clave de desmercantilización. Es decir, en sociedades en las que el intercambio en el mercado entre demandantes solventes se ha ido convirtiendo en el mecanismo paradigmático de satisfacción de necesidades, los poderes públicos intervienen para garantizar, fuera del mercado, la cobertura de algunas de esas necesidades. Sin embargo, podríamos decir que esa desmercantilización es parcial e incluso contradictoria puesto que, para empezar, en muchas ocasiones, lo que han proporcionado y proporcionan los sistemas públicos de bienestar ha sido dinero (para entendernos, pensiones) con el que la persona ha de ir al mercado a comprar bienes y servicios.

Por otra parte, ramas de actividad, como la educación o la sanidad, en las que las administraciones públicas optan por responsabilizarse de la provisión de servicios (que no se venden a precio de mercado, ni mucho menos), se ven atrapadas, en buena medida, por dinámicas mercantilistas. Baste pensar, por ejemplo, en la relación entre los sistemas sanitarios públicos y las empresas farmacéuticas o, más aún, en los patrones de relación de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores (y sus sindicatos) con la administración en tanto que empleadora, que no se rigen por ninguna clave diferente de la que funciona cuando las trabajadoras y trabajadores (y sus sindicatos) se relacionan con sus empresas cuando éstas tienen ánimo de lucro.

Sea como fuere, en esas estábamos cuando una serie de profundos e interconectados cambios sociales empiezan a alterar significativamente el precario equilibrio de bienestar en el que nos encontrábamos en países como el nuestro. Me refiero a fenómenos interconectados como el envejecimiento de la población y el incremento de las situaciones de dependencia funcional; la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral y la transformación y diversificación de las estructuras familiares; la individualización de las trayectorias laborales y, en general, vitales; la extensión de una cultura consumista que alcanza también a la comprensión de los derechos de ciudadanía por parte de amplias capas de la población…

En ese contexto, se produce una masiva destrucción de bienes relacionales, un enorme debilitamiento de la capacidad de apoyo de las redes familiares, convulsiones en lo relacionado con los anclajes e identidades de carácter comunitario y, en definitiva, nuevos riesgos y procesos de fragmentación y polarización social. Ante estos fenómenos, las políticas sociales clásicas notablemente estandarizadas y hasta cierto punto remercantilizadoras se muestran especialmente insuficientes, cuando no contraproducentes.

Tal sería el caso, a mi entender, de los 2.500 euros para las familias que traen criaturas al mundo o una ley de dependencia cuyo desarrollo y aplicación no se está basando tanto en servicios personalizados y flexibles que se adapten a las necesidades de apoyo de cada persona como en prestaciones económicas no finalistas que, contra el espíritu de la propia ley, contribuyen en buena medida a mantener o profundizar la brecha de género en la atención informal a las personas en situación de dependencia y la economía sumergida frente a la que debiera ser atención formal y profesionalizada.

Frente a estas situaciones y contradicciones el reto está a mi entender en comprender y subrayar la responsabilidad pública en relación con los bienes relacionales, con las redes de confianza, con la vida familiar y comunitaria. La política social debe contribuir a la generación de capital relacional, del mismo modo que contribuye en los ámbitos del capital estructural (infraestructuras, por ejemplo), el capital intelectual (o humano) y el capital económico (ver el rescate a los bancos).

Una política social de este estilo, una política social de corte relacional y comunitario se basa en servicios personales e intervenciones colectivas promotoras de la autonomía personal, la activación comunitaria, la autogestión social. Se trata de una política que busca constantemente facilitar y potenciar la vida familiar, vecinal, comunitaria y su conciliación con otras facetas de la vida. Supone buscar sinergias entre derechos sociales garantizados por los poderes públicos y responsabilidades sociales ejercidas por la ciudadanía, a través de diferentes fórmulas asociativas y cooperativas, altruistas o mutualistas, más o menos formalizadas. Supone innovar y diversificar constantemente en cuanto a formatos y contenidos de los servicios públicos de bienestar.

La oportunidad y la necesidad de esta política social relacional y comunitaria se da especialmente en el ámbito de los servicios sociales, en la medida en que, a diferencia de la educación, la sanidad o las pensiones, se trata de un pilar más joven del sistema de bienestar, en buena medida en construcción. Unos servicios sociales que deben abandonar rápidamente un enfoque asistencialista y burocratizador tendente a reemplazar las redes y entornos de las personas e ir asumiendo y aplicando un enfoque relacional y comunitario orientado a brindar a las personas los apoyos flexibles que les permitan permanecer en su entorno elegido y corresponsabilizarse en red con otras personas en la promoción de su autonomía personal y su integración familiar y comunitaria. Unos servicios que deben dejar de encuadrar y segregar a las personas en el seno de colectivos vulnerables y comprenderse como apoyos para la autonomía personal e integración relacional de todas las personas a lo largo de su ciclo vital.

Este planteamiento no se hace porque los apoyos familiares y comunitarios se muestren vigorosos, sino todo lo contrario. Es tal su debilidad que la intervención pública no puede seguir contribuyendo a su desactivación y pretendido reemplazo por sucedáneos formales. Este planteamiento se hace porque sólo en una nueva alianza entre unos poderes públicos protectores y proactivos y unas redes familiares y comunitarias cálidas y eficaces cabe pensar en una reinvención de la política pública como necesaria herramienta desmercantilizadora y, en definitiva, respetuosa promotora y eficaz protectora de la dignidad humana de todas las personas, deseablemente libres y responsables en una sociedad decente.

(www.fantova.net)