El Gobierno socialista convocará a todas las Administraciones Públicas, agentes sociales y entidades financieras para negociar y acordar un gran Pacto de Suelo y Vivienda, con el objetivo de garantizar al conjunto de los ciudadanos el derecho al acceso a una vivienda digna.

Si es preciso convocar a tantos protagonistas, es porque el esfuerzo en vivienda es responsabilidad y tarea de muchos. Utilizaremos una metodología similar a la ya empleada en comunidades autónomas presididas por socialistas, como Cataluña y Andalucía.

El Pacto deberá conjugar:

• La reactivación de la actividad edificatoria.
• El incremento sustancial de las viviendas de protección pública.
• El desarrollo sostenible.

Ésta debe ser la legislatura de la creación de un importante parque público de viviendas en alquiler. Complementariamente, habrá que realizar políticas para aumentar el número de viviendas privadas en alquiler y movilizar las viviendas vacías.

Propondremos, en coordinación con las Haciendas Forales, un paquete de medidas e incentivos fiscales para las empresas o fondos inmobiliarios que promuevan y construyan viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Nuestros compromisos son:

• Movilizar la vivienda privada vacía a través de la intermediación entre los propietarios y los demandantes. Se concederán ayudas a los seguros multirriesgos que garanticen los cobros de las rentas y los arreglos de los desperfectos.
• Se establecerán ayudas a los programas y servicios municipales de intermediación, negadas hasta el momento por el Departamento de Vivienda y existentes en otras comunidades autónomas.
• Los presupuestos públicos para vivienda se dedicarán preferentemente a la creación de parques públicos de vivienda en alquiler, tanto de promoción autonómica como municipal. Se irá reduciendo progresivamente el programa Bizigune, por su ineficaz consumo de presupuestos públicos.

Nuestro objetivo es que, como mínimo, el 40% de las VPO se promocionen en alquiler para atender a los sectores sociales más necesitados, a los que las políticas de vivienda no han dado una respuesta adecuada.

Un tercio de las viviendas sociales en alquiler serán para jóvenes y mayores.

Nos comprometemos a promover alojamientos en parcelas de equipamiento público ya existentes o que se vayan creando en aplicación de la Ley 2/2006 para atender a jóvenes, mayores, mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, y otros.

Pondremos en marcha un programa de viviendas en alquiler para investigadores junto a los parques tecnológicos y centros de investigación en colaboración con los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología.