Los valores de las políticas que queremos impulsar desde el Gobierno Vasco son la renovación de nuestras ciudades y pueblos con respuestas eficaces para satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada en un entorno sostenible y accesible que mejore la calidad de vida. Queremos vivienda y queremos ciudad para todos.

Hay que incrementar de forma sustancial la producción de nuevas viviendas de protección pública. Y, para ello, se requieren convicción e instrumentos. Las recientes leyes de Suelo y Urbanismo vasca y española permiten poner a disposición de los diferentes promotores públicos y privados el suelo necesario para dar un importante impulso a la construcción de viviendas de protección pública.

Las políticas de vivienda requieren programas a largo plazo, ya que los periodos de maduración de la actividad urbanística son también largos y requieren marcos duraderos. Por eso, proponemos un Pacto Político y Social a diez años.

Al mismo tiempo, seguiremos apostando por Planes de Vivienda de cuatro años de duración que recojan los compromisos de la Legislatura, manteniendo las políticas presupuestarias con revisión anual de precios, ingresos y ayudas.

Queremos dinamizar la actividad constructora en Euskadi como medio de lucha contra la crisis, con dos iniciativas:

• La creación de un fondo de garantía, con plazo temporal. Para garantizar, por un lado, la compra de terrenos y la construcción de Viviendas de Protección Pública y, por otro, para reducir el riesgo de las entidades financieras en las hipotecas que concedan a los compradores, facilitando así el acceso al crédito de estos últimos. Se trata de medidas destinadas a dinamizar y reactivar un sector que en la actualidad se encuentra prácticamente paralizado por la falta de liquidez y de demanda y que han funcionado en otras Comunidades Autónomas.
• La creación de un fondo que permita, transformando terrenos con usos para dotaciones de equipamientos, construir viviendas para alquiler. Se trata, por lo tanto, de crear un instrumento financiero con el apoyo de Ayuntamientos, Gobierno Vasco y Cajas de Ahorro cuyo objetivo sea construir viviendas de bajo coste, de propiedad municipal, para su posterior alquiler a personas jóvenes o con escasos recursos, a las que les sea imposible acceder de otra forma a una vivienda digna.

En una coyuntura económica difícil como la que atravesamos, contamos con el marco normativo adecuado para actuar, pero  necesitamos redoblar el esfuerzo y el compromiso político. Todos estos objetivos sólo serán alcanzables en el marco de un incremento progresivo y sustancial del presupuesto destinado a la vivienda.