El suelo, entendido como el ecosistema básico que da soporte a nuestra actividad, tanto económica como social, ha sido el gran olvidado de las políticas de protección ambiental, soportando durante décadas de dura industrialización y de absoluta carencia de infraestructuras de tratamiento de residuos agresiones ambientales más allá de la propia capacidad de autorregeneración de este ecosistema.

Euskadi arrastra una importante herencia histórica de vertidos y áreas degradadas, consecuencia de una forma de entender la industrialización y el desarrollo absolutamente insostenible. Nos comprometemos a hacer frente durante los próximos años a la “pesada hipoteca” de tener que resolver problemas ambientales generados, en algunos casos, hace décadas, pero que representan un grave problema para nuestro desarrollo actual.

Claro ejemplo de todo ello son la presencia de lindane en el área metropolitana de Bilbao o los problemas con los polvos de acería que padecen determinados municipios de Guipúzcoa y del norte de Álava, problemas que limitan y condicionan el desarrollo urbanístico y afectan a la calidad de vida.

Entendemos que con la publicación del R.D. 9/2005 y la Ley de la CAPV 1/2005 queda razonablemente cubierto el esfuerzo normativo a la espera de la Directiva Comunitaria que homogeneice y regule la gestión de los suelos contaminados en el marco de la UE. En el horizonte legislativo de los próximos cuatro años, pondremos el énfasis en desarrollar el conjunto de reglamentos y guías metodológicas previstos en el actual marco normativo y, muy especialmente, en el control y la vigilancia administrativa del cumplimiento de los preceptos ya establecidos.

Además, consideramos prioritaria la construcción de un Centro Integrado para la descontaminación de los suelos de la CAPV. Este Centro se ha de desarrollar bajo parámetros administrativos de interés general. Apostamos por su gestión por parte  del Sector Publico, en la medida y plazo que se establecen las actuaciones administrativas para su puesta en el mercado en cotas de viabilidad económica razonables.