La competencia no es homogénea en todos los sectores del mercado y puede llegar a verse amenazada o excluida en determinadas circunstancias. En la medida que esto ocurra, será necesaria la intervención pública para garantizar su existencia. Todo ello, sin olvidar los objetivos de cohesión social y territorial que deben garantizarse en determinados sectores, en tanto la competencia es un medio, y no un fin, para alcanzar una mayor prosperidad económica y una solidaridad real y efectiva.

La puesta en marcha del Tribunal Vasco de Defensa del Competencia en la última legislatura ha comenzado a dar sus frutos. El Tribunal ha iniciado actuaciones en aplicación del derecho de la competencia y de la transparencia de los mercados que sin lugar a dudas beneficiarán a los consumidores y usuarios de servicios. Sin embargo, es necesario que el Tribunal ejerza sus funciones y competencias  con independencia del Gobierno Vasco. En este sentido, presentaremos una Ley en el Parlamento para que el Tribunal adquiera mayor independencia respecto al poder ejecutivo e incremente su capacidad de actuación y control de competencia de los mercados mediante nuevos instrumentos legales, la adscripción de un servicio de inspección y la dotación de mayores recursos.

En materia comercial, y debido a la denuncia formulada en el Parlamento por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia sobre la existencia de oligopolios comerciales en nuestra Comunidad y de posiciones de dominio de alguna gran empresa de distribución comercial que ha llegado a alcanzar un cuota de mercado superior al 50% en los tres Territorios Históricos, nos proponemos:

Combatir la estructura oligopolista que facilita la coordinación tácita de las empresas. En este sentido, apoyaremos la implantación obligatoria de solicitar, en el nuevo marco de licencias comerciales de ámbito municipal previsto en la Ley de Comercio, el test de competencia al Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia.

Crear un Observatorio de Precios en Internet que facilite un índice de productos, servicios y precios de las distintas empresas que operan en las Comunidades Autónomas que nos circundan y en la CAPV, para que los consumidores puedan comparar y elegir mejor, asegurando así el principio de que la competencia requiere información.

Hacer que se cumpla y respete la legislación vigente de horarios comerciales a través del diálogo social.